Ultima actualización Noviembre 25th, 2024 2:25 PM
Como Servicio Jesuita a Migrantes conocemos de cerca la realidad de miles de personas venezolanas que llegan a nuestras oficinas buscando orientación para regularizar su situación migratoria en Chile y reconstruir de la mejor manera posible la vida familiar y laboral que debieron dejar obligadamente por la crisis política, social y económica que vive su país.
Realizar los trámites necesarios y conseguir la documentación requerida ya era sumamente complejo previo a la decisión del Gobierno de Venezuela de retirar su misión diplomática de Chile. Ahora, esto se vuelve imposible, ya que según declararon “se suspende indefinidamente TODOS LOS TRÁMITES, por lo que citas de pasaportes, citas de AFP, citas de retiro de pasaportes, citas de visas y citas de documentos de viaje NO SERÁN PROCESADOS”.
De este modo, los más de 700 mil venezolanas y venezolanos que viven en nuestro país se verán afectados, ya que no contarán con algo que para nosotros los chilenos es tan básico para distintos aspectos de nuestra vida, como poder acreditar nuestra identidad y la posibilidad de legalizar documentos de nuestro país de origen.
Por ejemplo, cada venezolano que esté en trámite por un permiso de residencia, necesita presentar documentos emitidos por su país de origen, incluyendo niños, niñas y adolescentes que buscan acceder a la visa humanitaria que el Estado de Chile les otorga.
Manifestamos nuestra profunda preocupación ante esta situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas migrantes y refugiadas venezolanas e instamos a los distintos sectores políticos y sociales que los últimos días han manifestado su inquietud por esta dramática situación que vive la comunidad venezolana, a considerar vías para dar la debida protección que requieren quienes viven en Chile y usar las herramientas de empadronamiento, enrolamiento y protocolos de filiación, para así no obstaculizar las solicitudes de permisos de residencia por no contar con documentos que no dependen de la diligencia de estas personas, sino del abandono del Gobierno de su país de origen.
En tal sentido, los hechos ampliamente difundidos a partir de las recientes elecciones presidenciales en Venezuela confirman que estamos ante una situación crítica, que debe ser analizada a la luz de los instrumentos internacionales vigentes en Chile, como la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, acuerdo regional que precisamente cumple 40 años desde su otorgamiento .
Lamentablemente, en Chile entre 2017 y 2023, de 12.378 solicitudes de refugio interpuestas por personas venezolanas, sólo 68 han sido reconocidas, y se ha limitado la protección complementaria únicamente a tres casos (violencia intrafamiliar, de género y por orientación sexual). Nuestro país, en concordancia con sus compromisos internacionales y su propia historia, debe actuar para proteger a quienes hoy ven amenazados sus derechos fundamentales.
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