Última actualización octubre 10th, 2026 12:21 PM
: Municipios y delegaciones contrataron más de $30 mil
millones en camiones aljibe en 2023 y 2024, pero ¿a cuántas familias llegó
el agua potable?
El Consejo para la Transparencia (CPLT) identificó 370 contratos por más de
$30.192 millones para distribuir agua potable mediante camiones aljibe
durante 2023 y 2024. La fiscalización sobre acceso a información pública
también reveló dificultades en ciertos casos para conocer el resultado
concreto de ese gasto público: cuánta agua se repartió y a cuántos hogares
llegó.
De las 34 instituciones que informaron contrataciones, un 73% entregó
antecedentes sobre los litros distribuidos y un 71% informó el número de
hogares beneficiados. En otras palabras, casi tres de cada diez no
proporcionaron o no se pronunciaron sobre datos esenciales para evaluar la
cobertura del servicio.
Para realizar la fiscalización, el CPLT ingresó 152 solicitudes de
información a 128 municipalidades, 23 delegaciones presidenciales y a la
Subsecretaría del Interior. Las municipalidades y delegaciones consultadas
se encontraban en zonas declaradas con escasez hídrica durante el periodo
analizado.
La revisión constató que un 56% de las instituciones presentó al menos un
incumplimiento en la tramitación de estas solicitudes. Aunque el 81%
respondió dentro del plazo legal, un 12% lo hizo con atraso y un 7% no
había contestado a la fecha de cierre de recepción de respuestas: el 31 de
marzo de 2026.
También se detectaron respuestas parciales, documentos anunciados que no
fueron adjuntados y dificultades para acceder a los antecedentes. Además,
27 organismos señalaron que la información estaba en poder de otra
institución, pero no derivaron la solicitud como establece la normativa.
“Cuando se destinan más de $30 mil millones a llevar agua potable a
comunidades afectadas por la escasez, no basta con conocer cuánto se
contrató. El Estado también debe ser capaz de informar cuánta agua se
distribuyó, a qué familias llegó y cómo se utilizaron los recursos. Esa
trazabilidad permite evaluar si la ayuda cumplió realmente su propósito”,
afirmó la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González.
Del monto total identificado, un 69% fue financiado por la Subsecretaría
del Interior o Senapred, un 24% con recursos municipales y en el 7%
restante no fue posible determinar el origen del financiamiento. Asimismo,
el 75% de los contratos fue suscrito por delegaciones presidenciales
provinciales o regionales y el 25% directamente por municipalidades.
La Región de Valparaíso concentró el 61% de los contratos y el 47% del
gasto total, con más de $14.173 millones. Le siguieron la Región
Metropolitana, con $6.298 millones, y Ñuble, con $5.599 millones.
Las instituciones que informaron los mayores montos de contratación fueron
las delegaciones presidenciales provinciales de Marga Marga, con $6.888
millones, y Petorca, con $5.710 millones; la Delegación Presidencial
Regional de Ñuble, con $5.277 millones; y las municipalidades de Puente
Alto y La Serena, con $4.440 millones y $1.804 millones, respectivamente.
La fiscalización reveló que el 73% de los contratos tuvo una duración de
tres meses o menos, pese a que las declaraciones de escasez hídrica suelen
extenderse hasta por un año. También se observaron casos en que las
instituciones celebraron contratos sucesivos de corta duración con los
mismos proveedores.
Respecto de la modalidad utilizada, un 47% de las contrataciones se realizó
mediante licitación pública, un 41% por trato directo y un 6% mediante
compra ágil. En otro 6% no fue posible determinar el mecanismo utilizado a
partir de los antecedentes entregados.
La Subsecretaría del Interior, en tanto, proporcionó cifras
correspondientes a 2024 y 2025, pese a que el CPLT solicitó información de
2023 y 2024. Tampoco entregó un desglose por tipo de gasto, lo que impidió
establecer qué parte del Fondo de Emergencia fue destinada específicamente
a la contratación de camiones aljibe y qué monto financió otras medidas
frente a la escasez hídrica.
La revisión detectó, además, problemas en la protección de información
personal. De las 34 instituciones que entregaron antecedentes
contractuales, 14 proporcionaron documentos sin resguardar debidamente
datos como RUN, firmas, teléfonos, correos electrónicos e incluso huellas
dactilares de proveedores o representantes de estos.
El informe concluye que se requieren estándares comunes para registrar,
entregar y publicar esta información. Esto permitiría seguir con mayor
claridad el recorrido de los recursos públicos, la ejecución de los
contratos y el número de personas que reciben el servicio.
El Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho
público encargada de promover y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de
Transparencia y de resguardar el derecho de las personas a acceder a
información pública. Ante las infracciones contempladas en la ley, puede
instruir procedimientos sancionatorios y aplicar multas de entre el 20% y
el 50% de las remuneraciones mensuales de las autoridades y/o funcionarios
responsables, según sea el caso.
Resumen fiscalización:
*Equipo de Comunicaciones / Consejo para la Transparencia / octubre 2026*
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