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Sep 10, 2026 admin Actualidad, Región 0
La trata de personas y el trabajo forzoso en Chile se han vuelto sombras difíciles de erradicar. Bajo esta premisa, la sede de Tarapacá del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reunió a más de 60 asistentes, entre autoridades, académicos y estudiantes, para enfrentar un desafío urgente: cómo identificar, perseguir y, sobre todo, proteger a las víctimas de una explotación que, a menudo, permanece invisible ante la ley.
El seminario Desafíos en materia de trata de personas y trabajo forzoso fue una alianza estratégica entre el INDH, la Universidad de Tarapacá, el Ministerio Público y la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO). El objetivo fue claro: diseccionar las fallas del sistema que impiden una respuesta efectiva contra los tratantes.
Durante la jornada, la abogada de la Unidad de Protección de Derechos del INDH, Marjorie Dinamarca, expuso los hallazgos de un reciente informe institucional que revela una verdad preocupante. Según el diagnóstico, tanto la justicia como la sociedad civil tienden a reconocer la trata solo en sus manifestaciones más extremas y gráficas. Esta visión estrecha deja en una zona gris a cientos de personas que sufren formas de explotación menos evidentes, pero igualmente devastadoras, lo que termina por desactivar las herramientas de protección estatal y disminuye la capacidad de castigar a los perpetradores.
Para el INDH, la prevención es la primera línea de batalla. La abogada Dinamarca enfatizó que la clave reside en visibilizar el delito y educar a la sociedad antes de que el daño sea irreparable. Solo mediante mecanismos de detección temprana es posible intervenir antes de que la víctima sea cosificada y explotada, rompiendo así el ciclo de impunidad.
La gravedad del escenario se respalda en cifras que exigen acción. Desde la inclusión de este delito en el Código Penal chileno en 2011, la trata se define como una vulneración flagrante a la dignidad humana, que utiliza la violencia, el engaño y la coacción para someter a individuos a la esclavitud moderna.
El compromiso del INDH con esta lucha es concreto. Hasta junio de 2026, la institución ha interpuesto 67 querellas relacionadas con este fenómeno, abarcando casos de explotación sexual y laboral que afectan a un total de 352 víctimas. Estos números, más que estadísticas, representan cientos de vidas cuyas libertades fundamentales fueron arrebatadas, un recordatorio de que el trabajo del Estado en Tarapacá y el resto del país aún tiene un largo camino por recorrer para garantizar justicia y reparación.
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