Latest update septiembre 10th, 2026 9:34 PM
La Unidad de Fomento (UF) está a punto de romper una barrera psicológica que marca un antes y un después en el bolsillo de los chilenos: durante octubre, la cifra superará los 41.000 pesos. Este nuevo hito, gatillado por el alza del 0,6% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, golpea directamente la línea de flotación de los créditos hipotecarios, los arriendos y los seguros, reavivando un viejo y polémico debate económico: ¿deberían los sueldos en Chile pagarse en UF para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación?
La pregunta no es menor en un contexto donde el costo de la vida no da tregua. Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, admite que la erosión del poder adquisitivo en quienes reciben sus ingresos exclusivamente en pesos es una realidad dolorosa y tangible. Sin embargo, lo que parece ser un alivio para los trabajadores podría convertirse en una bomba de tiempo para la estabilidad macroeconómica del país.
Al analizar la viabilidad de indexar los salarios a la UF, Román identifica un efecto dominó peligroso: las empresas, enfrentadas a costos laborales que subirían mes a mes de forma automática, buscarían proteger sus márgenes trasladando ese gasto al precio final de sus bienes y servicios. El resultado sería un círculo vicioso de difícil retorno. Costaría muchísimo más detener la inflación si los salarios estuvieran atados a la UF, advierte el economista, ya que se generaría una inercia inflacionaria donde los precios y los sueldos se persiguen constantemente al alza.
Más allá del impacto en la microeconomía familiar, el experto pone el foco en la capacidad institucional. Para Román, la existencia de un Banco Central con una política monetaria rigurosa y alineada con sus metas de inflación es el mejor seguro de vida que tiene actualmente la economía nacional. Bajo esta premisa, el académico desestima tajantemente la idea de cambiar el modelo de pago de remuneraciones.
El diagnóstico es claro: los riesgos de una espiral inflacionaria descontrolada superan con creces los beneficios de corto plazo que recibiría el trabajador. Según concluye Román, intentar resolver la pérdida de poder adquisitivo a través de la UF sería abrir la puerta a un problema de dimensiones mucho mayores, un riesgo que, al menos por ahora, el país no debería correr.
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