Última actualización octubre 27th, 2026 11:58 PM
La promesa de una burocracia digital que agilice los permisos sectoriales en Chile ha puesto en marcha una maquinaria ambiciosa. El pasado 22 de agosto, el Gobierno instaló una mesa de expertos con el objetivo de integrar inteligencia artificial en la gestión de proyectos de inversión, un área donde el tiempo corre en contra del desarrollo: hoy, un proyecto demora en promedio 6,6 años en obtener luz verde. Sin embargo, detrás de la promesa de eficiencia, se esconde una trampa invisible. La mayor parte de este retraso no radica en la complejidad técnica, sino en el laberinto de escritorios: expedientes que rebotan, observaciones repetitivas y servicios públicos que no logran articular un lenguaje común.
El debate actual se ha fracturado en dos bandos, entusiastas y alarmistas, ambos ignorando una realidad fundamental: la inteligencia artificial no elimina la discrecionalidad del poder público, simplemente la desplaza fuera de la vista ciudadana. Si bien la tecnología rinde en los tiempos muertos y muestra resultados prometedores en el piloto de concesiones marítimas, acelerar el escritorio no soluciona el conflicto social, la participación ciudadana ni la evaluación de fondo.
Hace dos décadas, los académicos Bovens y Zouridis advirtieron el paso de la burocracia de ventanilla a la de sistema. Bajo este nuevo paradigma, la decisión ya no la toma un funcionario frente al caso, sino el arquitecto del software antes de que el expediente siquiera exista. Al definir qué datos se analizan y qué umbral gatilla una observación, se crea un poder técnico opaco, casi imposible de impugnar, donde las razones de una denegación quedan enterradas en líneas de código inaccesibles. Estonia ya sufrió las consecuencias cuando sus tribunales anularon permisos automáticos de tala porque la autoridad fue incapaz de explicar por qué fueron otorgados.
Chile no debería importar estos fracasos. La experiencia con Alerta Niñez, que asignó puntajes a menores mediante predicciones inexactas y datos sin consentimiento, dejó una cicatriz clara: la estigmatización recae sobre los más pobres, los únicos que dejan una huella digital profunda en el sistema. Además, existe una asimetría peligrosa: mientras las grandes empresas ya utilizan estas herramientas para armar expedientes, el Estado aún revisa a mano. Si la administración pública no acelera su modernización, la velocidad se convertirá en un privilegio exclusivo de quienes pueden pagar la sofisticación técnica.
A esto se suma la importación acrítica de modelos entrenados en el Norte global, diseñados bajo una lógica de productividad que ignora los contextos locales y los derechos fundamentales. Tampoco basta con la coartada del humano supervisando; sin autoridad real, tiempo suficiente y competencia técnica para revertir una decisión, esa vigilancia se reduce a un ritual que legitima sin controlar.
Modernizar el Estado no solo es posible, es una urgencia. Pero este salto requiere candados democráticos: un registro público de algoritmos, evaluaciones de impacto previas, supervisores con poder real de corrección y el derecho irrenunciable a impugnar una decisión ante un ser humano. El mayor peligro para Chile no es que la máquina decida mal; es que, deslumbrados por la velocidad, decidamos cerrar los ojos y dejar de mirar.
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