Latest update septiembre 10th, 2026 9:34 PM
Alianza Mundial Aymara valora la asistencia técnica de la
OIT y llama a fortalecer el proceso de consulta indígena
con garantías de participación, buena fe y transparencia
Posición Institucional ante la asistencia técnica anunciada por el
Gobierno de Chile a la Organización Internacional del Trabajo
La Alianza Mundial Aymara, organización comprometida con la promoción,
protección y fortalecimiento de los derechos, la identidad, la cultura y el desarrollo
integral del pueblo aymara y de los demás pueblos indígenas, ha tomado
conocimiento del anuncio realizado por el Gobierno de Chile respecto de su
intención de solicitar asistencia técnica a la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) para fortalecer el proceso de consulta indígena relacionado con las
materias vinculadas a una eventual modificación de la Ley Indígena N.o 19.253 y,
particularmente, con el nuevo sistema de tierras.
La Alianza Mundial Aymara considera que la participación de la OIT constituye una
oportunidad relevante para fortalecer la calidad técnica, la transparencia y la
confianza en un proceso que reviste especial importancia para la relación entre el
Estado de Chile y los pueblos indígenas.
Nuestra organización valora positivamente que el Gobierno haya considerado
recurrir al organismo internacional especializado en la aplicación del Convenio N.o
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, instrumento internacional ratificado por
Chile y vigente desde el año 2009. El Convenio constituye un marco jurídico
internacional de especial relevancia para los procesos de consulta y participación
indígena que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas.
Una oportunidad para fortalecer la confianza
La Alianza Mundial Aymara estima que la asistencia técnica internacional puede
contribuir de manera significativa a generar condiciones que favorezcan un proceso
de consulta informado, participativo, culturalmente pertinente y desarrollado de
buena fe.
Esta consideración adquiere especial relevancia atendido que el proceso de
consulta sobre un nuevo sistema de tierras fue iniciado formalmente en 2025 y
posteriormente ha experimentado sucesivas suspensiones. Las resoluciones
administrativas dictadas durante 2026 señalan que persisten elementos sustantivos
FUNDACION ALIANZA MUNDIAL AYMARA
Calle Samaria 2251, comuna de Alto Hospicio, provincia de Iquique
Región de Tarapacá – Chile
+56 985901470 / alianzamundialaymara@gmail.com
que requieren ser abordados y que es necesario continuar generando condiciones
adecuadas para la continuación del proceso.
En este contexto, estimamos que la asistencia técnica de la OIT puede constituir
una instancia valiosa para contribuir a superar dificultades, fortalecer las garantías
del procedimiento y favorecer un diálogo basado en la confianza, el respeto y la
evidencia.
La asistencia técnica debe fortalecer, no sustituir, la consulta
La Alianza Mundial Aymara considera importante establecer una distinción
fundamental: la asistencia técnica de la OIT no sustituye el proceso de consulta
indígena ni constituye, por sí misma, una validación anticipada de sus
resultados.
Su valor radica precisamente en contribuir a que el proceso pueda desarrollarse
conforme a los estándares establecidos por el Convenio N.o 169 y a las
particularidades culturales, sociales y territoriales de los pueblos involucrados.
Por ello, estimamos conveniente que el alcance, objetivos, metodología y
condiciones de dicha asistencia técnica sean conocidos de manera transparente por
los pueblos indígenas y por la ciudadanía, procurando que todos los actores puedan
comprender claramente cuál será su función y cuáles serán sus límites.
El Convenio 169 como marco común
La Alianza Mundial Aymara reafirma que el Convenio N.o 169 debe ser entendido
como un instrumento de diálogo y construcción de acuerdos, y no como un
mecanismo destinado a profundizar la confrontación entre el Estado y los pueblos
indígenas.
Su aplicación efectiva exige que las consultas se desarrollen mediante
procedimientos apropiados y a través de las instituciones representativas de los
pueblos interesados, con la finalidad de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento
acerca de las medidas propuestas, en los términos establecidos por el propio
Convenio.
En consecuencia, consideramos indispensable que cualquier proceso de consulta
asociado a una futura reforma de la legislación indígena sea:
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• previo, antes de la adopción de las medidas susceptibles de afectar
directamente a los pueblos indígenas;
• informado, proporcionando antecedentes suficientes, comprensibles y
oportunos;
• de buena fe, evitando presiones, simulaciones o decisiones previamente
cerradas;
• culturalmente pertinente, respetando las particularidades de cada pueblo y
territorio;
• participativo, mediante las instituciones representativas correspondientes;
• transparente, dejando constancia verificable de las distintas etapas y
propuestas;
• orientado al diálogo y a la búsqueda de acuerdos, sin confundir consulta
con una mera instancia informativa.
La experiencia de un proceso complejo debe convertirse en
aprendizaje institucional
La Alianza Mundial Aymara observa que las propias resoluciones mediante las
cuales el Estado ha suspendido sucesivamente el actual proceso de consulta
reconocen la necesidad de profundizar el análisis de sus antecedentes y continuar
desarrollando instancias de diálogo y relacionamiento con las instituciones
representativas del pueblo Mapuche, con el propósito de generar las condiciones
necesarias para su adecuada continuación.
Consideramos que esta situación debe ser abordada no solamente como una
dificultad administrativa, sino como una oportunidad para identificar aprendizajes
que permitan mejorar los mecanismos de consulta indígena en Chile.
Una consulta que genera confianza no se construye únicamente mediante normas
y procedimientos. Requiere también:
• confianza entre las partes;
• información suficiente;
• tiempo razonable para la deliberación;
• asistencia técnica cuando sea necesaria;
• reconocimiento de las instituciones representativas;
• pertinencia cultural;
• transparencia;
• capacidad real de considerar las propuestas formuladas.
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Una consideración especial desde el pueblo Aymara
La Alianza Mundial Aymara considera necesario que el debate nacional sobre la
legislación indígena no quede circunscrito exclusivamente a las experiencias
territoriales que actualmente concentran la discusión.
Chile está integrado por diversos pueblos indígenas, cada uno con realidades
históricas, territoriales, culturales y económicas propias.
La experiencia del pueblo Aymara en el Norte Grande, particularmente en las
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, presenta desafíos
específicos relacionados con el territorio, el agua, la minería, la energía, el
patrimonio arqueológico y cultural, las actividades productivas tradicionales, el
desarrollo fronterizo y las nuevas oportunidades económicas.
Por ello, estimamos que las lecciones que puedan extraerse de la asistencia técnica
de la OIT y del actual proceso de consulta deberían contribuir, cuando corresponda,
al fortalecimiento general de las capacidades institucionales del Estado para
implementar el Convenio N.o 169, respetando siempre las particularidades de cada
pueblo y territorio.
La modernización de la legislación indígena requiere confianza
La Alianza Mundial Aymara ha señalado anteriormente que no considera apropiado
adoptar posiciones definitivas sobre una reforma cuyo articulado todavía no ha sido
conocido públicamente en su versión oficial y consolidada.
Mantenemos esa posición.
Consideramos legítimo que el Estado evalúe y perfeccione sus políticas públicas y
su legislación cuando la experiencia demuestra la necesidad de hacerlo. Del mismo
modo, consideramos indispensable que cualquier modificación a la Ley N.o 19.253
preserve los derechos de los pueblos indígenas, fortalezca sus oportunidades de
desarrollo y otorgue seguridad jurídica, sin desconocer los procesos históricos que
dieron origen a la protección especial de sus tierras y territorios.
El desafío consiste, precisamente, en encontrar soluciones capaces de armonizar:
protección territorial, autonomía, desarrollo económico, seguridad jurídica,
participación indígena y paz social.
