Latest update septiembre 11th, 2026 10:56 PM
Los desafíos que trajo la lluvia: ¿cómo enfrentamos la desigualdad territorial?
Por: R. Mariela Valderrama Díaz
Directora carrera Trabajo Social
Facultad de Derecho y Humanidades
Universidad Central sede región de Coquimbo
La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, organismo dependiente del Ministerio de
Agricultura, indica que en la región de Coquimbo 12 de las 15 comunas son rurales,
representando el 83,1% del territorio regional y el 26% de la población. En tres comunas
(Canela, Combarbalá y Río Hurtado) la población de personas mayores es cercana al 20%,
lo que supera el promedio nacional (18,1% según datos del Censo de Población, 2017)
El promedio nacional de viviendas sin agua de la red pública es del 7%, mientras que en las
comunas rurales de la región de Coquimbo alcanzan al 14,8%; las viviendas sin suministro
de energía eléctrica llegan al 3,3% en las zonas rurales de la región (0,5% promedio
nacional); finalmente, el 94,5% de las viviendas rurales de la región no cuentan con
conexión fija a internet, el promedio nacional es del 47,2%.
Si la información que antecede se cruza con datos de la última Encuesta de
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN, 2024) nos encontramos con que la
región de Coquimbo registra un 20,7% de pobreza por ingresos (24% rural, 20% urbana)
Es indiscutible que el sistema frontal que afectó hace unos días a la región generó
múltiples daños que no diferenciaron zonas, algunos se éstos irremediables, como las
vidas que se perdieron. Las ciudadanas y ciudadanos presenciaron como, en fracción de
minutos, sus hogares y comunidades se vieron tremendamente afectados y el esfuerzo, a
veces de la vida, quedaba reducido a escombros.
Las autoridades estiman en miles de millones los recursos necesarios para la
reconstrucción y la reactivación de la economía mediante diversos programas, esas
decisiones, que implicarán la articulación de múltiples actores en diversos ámbitos no
pueden soslayar la evidencia, los datos que reflejan la existencia de enormes e históricas
brechas entre los sectores rurales y urbanos. Las soluciones deben incorporar una
perspectiva de derechos que atienda estas desigualdades y se encamine hacia políticas
públicas con enfoque territorial, de largo plazo y participativas, perspectivas que
permitirán proyectar el desarrollo sostenible en cada zona.
Desde el Trabajo Social, la labor no se limita a la aplicación de las Fichas básicas de
emergencia, o cualquier otro instrumento que permita la identificación de las necesidades
más urgentes de la población, sino que contribuye a comprender cómo las desigualdades
territoriales amplifican los efectos de los desastres y condicionan las posibilidades de
recuperación de las comunidades. Desde una perspectiva de derechos, la profesión puede
fortalecer los procesos participativos, promoviendo la articulación entre instituciones y
organizaciones locales, relevando las particularidades del mundo rural. La reconstrucción
no debiera significar recuperar únicamente lo perdido, sino comenzar a corregir las
inequidades territoriales históricas.
