Última actualización octubre 28th, 2026 12:09 AM
La Corte Suprema aprobó una política institucional para regular el uso de inteligencia artificial dentro del Poder Judicial. La definición surge luego de que la incorporación de estas tecnologías en distintas labores vinculadas a los tribunales abriera el debate sobre los límites que deberían tener.
El nuevo marco busca establecer criterios comunes para magistrados y funcionarios, junto con resguardos para integrar estas herramientas al trabajo cotidiano de la justicia.
Pedro Anguita, abogado, doctor en Derecho y académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes (Uandes), plantea que el punto central está en distinguir aquellas tareas en que la inteligencia artificial puede servir de apoyo de aquellas que forman parte esencial de la labor de jueces.
Una herramienta de apoyo, no de decisión
Entre los usos que considera compatibles con el trabajo judicial se encuentran la búsqueda y sistematización de jurisprudencia, además de la recopilación de información. El límite aparece cuando la tecnología interviene en actuaciones que requieren valoración jurídica.
“Los seres humanos somos los que tenemos la experiencia, la sensibilidad, el conocimiento y el criterio fundamentalmente para decidir, en base a las pruebas que aportan las personas, cómo se va a resolver un determinado pleito”, señala Anguita.
En esa línea, el académico de la Uandes sostiene que la IA no debe determinar la inocencia o culpabilidad de una persona, valorar la prueba ni asumir la redacción de sentencias. Estas tareas permanecen bajo responsabilidad de quienes deben resolver cada causa.
Entre los principios considerados para su utilización, Anguita destaca el respeto a los derechos fundamentales, la no discriminación, la supervisión humana, la transparencia y la trazabilidad. A su juicio, estos criterios son coherentes con la necesidad de fijar reglas a medida que nuevas tecnologías comienzan a incorporarse en las instituciones.
El experto comenta además que esta no es la primera vez que un avance tecnológico obliga a establecer límites dentro del sistema judicial. Recuerda que la llegada de las redes sociales también abrió interrogantes sobre su utilización por parte de jueces y los posibles efectos sobre la imparcialidad, seriedad y prestigio que debe acompañar a este poder del Estado.
“Como ocurrió antes con las redes sociales, hoy en día creo que es razonable y oportuno que el Poder Judicial se haya preocupado de dictar estas normas para regular el uso de la inteligencia artificial en el trabajo que tienen los tribunales de justicia de nuestro país”, concluye.
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