Como Estado de Chile y gobierno enfrentamos un compromiso ineludible: la promoción de la igualdad de género y la urgente necesidad de reducir las brechas que afectan a las mujeres. Este desafío no solo es fundamental desde un enfoque de derechos humanos, sino que también es crucial para el desarrollo sostenible del país.
A pesar de los importantes avances logrados por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, como la legislación sobre el pago de pensiones de alimentos, la ley de reparación para víctimas de femicidio y la ley de violencia integral, impulsados por nuestro Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, o la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral liderado por la cartera de Trabajo, la necesidad de seguir avanzando en la lucha por la igualdad de género sigue siendo innegable.
En Chile, las mujeres ganan, en promedio, un 25% menos que los hombres. Además, en los espacios de toma de decisiones, su representación es baja: solo alcanzan el 23% en cargos de gerencia de primera línea y un 15,9% en directorios. Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), estamos conscientes de lo que esta realidad implica para las mujeres, especialmente en términos de su capacidad para ejercer la autonomía económica, física y política.
Durante 33 años, esta institución ha implementado diversas estrategias y mecanismos para mejorar la calidad de vida de miles de mujeres a través de programas como “Mujeres Jefas de Hogar” y “4 a 7”. En otra línea, a partir de enero de 2024, lanzamos una nueva propuesta adaptada a las necesidades de las mujeres víctimas de violencias de género. Nos enfocaremos en fortalecer la prevención, la atención inicial y la cobertura especializada, con la meta de alcanzar a casi 86 mil personas, incluidas las organizaciones sociales. Además, tal como lo prometió el Presidente, en marzo de este año se inauguró en la comuna de Alto Hospicio el Centro de Atención Especializada en Violencias de Género, dispositivos que estarán presentes en cada región del país.
Desde Tarapacá, comprometemos esfuerzos conjuntos por incorporar el enfoque territorial en la ejecución de políticas públicas en materia de prevención de las violencias de género, fortalecimiento de liderazgos, empoderamiento económico, promoción de derechos de las mujeres y poniendo a disposición nuestro apoyo socio/jurídico, orientando a todas las acciones legales para que culminen en un posible patrocinio de causa.
Reafirmamos nuestro compromiso de contribuir a este desafío que demanda voluntades y un involucramiento transversal. Es fundamental abordar las brechas de género con la seriedad que merecen, tratándolas como un problema social integral y las violencias de género como un delito de seguridad pública y no como asuntos privados o personales.