Ultima actualización Noviembre 22nd, 2024 2:15 PM
La autoridad regional del Trabajo y Previsión Social, Karen Pérez Varas, informó que la deuda por concepto de cotizaciones previsionales de Marco asciende a 1.725 millones 726 mil pesos, monto que se habría acumulado durante diez años de no pago por parte de la empresa.
Una denuncia por delito de apropiación indebida fue lo que ayer la seremi del Trabajo y Previsión Social en Tarapacá, Karen Pérez Varas, interpuso en contra del representante de Astilleros Marco, en la Fiscalía Regional. Esto, después de solicitar un Informe Laboral Previsional de la empresa en cuestión –la cual actualmente se encuentra en liquidación- y constatar la declaración, pero no pago de cotizaciones de al menos 115 trabajadores durante diez años.
“Verificamos una deuda, por concepto de cotizaciones previsionales, que asciende a 1.723 millones 725 mil 610 pesos. Este hecho está sancionado en el artículo 13, Ley 17.322, y es obligación de los funcionarios públicos denunciarlo para ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes de situaciones que revistan caracteres de delitos”, señaló Pérez Varas.
Además, la seremi precisó que “nosotros, como Secretaría Regional Ministerial del Trabajo, tomamos conocimiento de la situación de boca de los trabajadores, mediante las reuniones que mantuvimos con ellos a lo largo de este mes. Cabe señalar que nuestra Secretaría no tiene facultades de fiscalización. Esta facultad sólo radica en la Dirección del Trabajo, organismo que, a su vez, tiene competencia fiscalizadora sólo en la declaración de las imposiciones, no del pago, asunto que le corresponde denunciar a las propias AFPs y no a los órganos del Estado”, explicó.
“Es necesario precisar que los montos previsionales son de total dominio de los trabajadores. El rol del empleador es de mera tenencia de estos montos y debe ser el empleador quien se encargue de declararlos y pagarlos”, recordó Pérez Varas, quien también manifestó que la pena que arriesgan los empleadores que cometen el delito de declarar, pero no pagar las cotizaciones es de presidio menor en su grado máximo, es decir, de 3 años y un día a 5 años de cárcel, según lo que establece el Código Penal.
Por último, la autoridad destacó que “queremos garantizar que el Gobierno esté pendiente de todo este tipo de situaciones y, además, que quede como señal a todos los empleadores que esta Seremi va a perseguir las acciones irregulares en todos los espacios que correspondan”.
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