Ultima actualización Noviembre 22nd, 2024 2:15 PM
Proyecto que criminaliza la pesca ilegal tiene conceptos demasiado amplios o que no están de acuerdo con la cotidianeidad y a la Fedepes le preocupa que se persiga a pescadores que operan sin intención de delinquir.
Una voz de alerta respecto del proyecto que oficialmente se denomina Moderniza y Fortalece el Ejercicio de la Función pública del Servicio Nacional de Pesca, levantó la Federación de Pescadores Artesanales y Ramas Afines de la Región del Biobío, Fedepes, que expuso en la Comisión de Intereses Marítimos del Senado sobre cuestiones de fondo relativas al mencionado proyecto.
Este se halla en segundo trámite constitucional y tiene entre sus objetivos clave combatir lo que en la iniciativa denominan “pesca ilegal” en nuestro país.
Para la Fedepes se debe revisar el texto porque hay aspectos muy complejos como están definidos en el proyecto, por ejemplo el de acreditación de origen, el de la asociación ilícita y el de las multas.
La federación está de acuerdo en que se ataque la pesca ilegal, pero se debe comenzar por, entre otras y varias cosas, actualizar los Registros Pesqueros; revisar con mucho cuidado la redacción del concepto de asociación ilícita porque la actividad pesquera ha sido y es asociativa, y siempre se realiza en base al trabajo conjunto y organizado; pasa a ser una forma de vida, una cultura, y este proyecto pretende criminalizarlo, estableciendo, que sin distinción que quienes realicen pesca ilegal, en los términos amplios del proyecto, incurrirán en un delito, abriendo otro nueva posibilidad para que el pescador artesanal pague con cárcel. La forma de operar del pescador artesanal es mediante una organización básica, con lazos forjados históricamente entre familias y allegados, para trabajar, no para cometer ilegalidad, mucho menos delito.
Además, se debe ir al fondo de la situación y entender que hay quienes caen en la extracción ilegal porque las cuotas son bajas y las familias de pescadores tienen que subsistir, que sobrevivir. El Estado, el país, tiene que analizar y resolver ello, antes de perseguir por esforzarse en llevar pan a la mesa, argumentan.
En el aspecto acreditación de origen, explica Fedepes, va a ser muy difícil que un pescador demuestre legalidad de una extracción en circunstancias que no están actualizados los Registros Pesqueros, anotando quienes son los que realmente realizan esfuerzo sobre un determinado recurso.
Contrario a lo que sostiene la Subsecretaría de Pesca y parlamentarios que luego del potente lobby del gobierno, terminan alineándose, este proyecto no beneficia al sector artesanal, pues endurece el régimen sancionatorio y crea nuevas obligaciones y figuras que tienen por objeto alejar al pescador y su familia de la actividad.
Respecto de los valores de las multas la Fedepes advierte a los pescadores que revisen la información disponible y elaboren observaciones. Se establecen exigencias altas en materia de acreditación de origen legal de la pesca, estando los más pequeños expuestos a ello, al no contar con los medios, ni la cultura de resguardo de documentación. Y si no logran acreditar el referido origen legal, arriesgan dos multas conjuntas una fija, que se aplica siempre y sin distinción, que puede llegar hasta $23.114.500 y otra multa variable, que se aplica siempre, pero que depende de la especie y del monto de los recursos involucrados. Además del cierre del local respectivo, terminando con ello con las posibilidades de resurgimiento del pequeño procesador y pequeño comerciante. Multas que de no poder ser pagadas, se traduce a su conmutación por cárcel. Y si se trata de un recurso declarado por el gobierno como colapsado o sobreexplotado, es un delito y ello supone pena privativa de libertad.
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